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“El informe que presentamos hoy es una vergüenza”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. “No hay escrúpulos –en Estados Unidos- para condenar a muerte a personas que no entienden la sentencia, que incluso se encuentran bajo los efectos de fuertes medicamentos en el momento de ser condenadas”.
En 2004, Kelsey Patterson fue condenado
a muerte por el asesinato de dos
personas sin motivación alguna.
Tiene un diagnóstico de
esquizofrenia paranoide, pero su familia
nunca consiguió someterle a un
tratamiento antes del crimen.
Entre el 5 y el 10% de las personas que se encuentran en el corredor de la muerte padecen problemas de enfermedad mental y, de las casi 1.000 personas ya ejecutadas desde 1977, al menos 100 padecían trastornos como esquizofrenia, trastorno bipolar, lesiones cerebrales, etc.
El informe presentado este martes (31 de enero de 2006) por Amnistía Internacional marca el comienzo de una campaña mundial para que Estados Unidos deje de ejecutar a personas con enfermedades mentales.
A pesar de un largo historial de
automutilaciones e intentos de suicidio,
las apelaciones no tuvieron éxito.
Juan Soria entró en la cámara de la muerte
convencido de que iban a operarle
En los últimos tres años se han dado algunos pasos por las decisiones del Tribunal Supremo de este país de impedir las ejecuciones de personas con discapacidad intelectual y menores, pero no se ha extendido a personas con enfermedades mentales.
En cambio, este mismo Tribunal declaraba hace 15 años que “muchos presos del corredor de la muerte sufrían alteraciones mentales graves antes de cometer sus crímenes y otros muchos desarrollaron la discapacidad en el tremendo intervalo que hay entre la sentencia y la ejecución”.
Según datos publicados por la prensa estadounidense un único caso de Pena de muerte en Texas cuesta al estado 2´3 millones de dólares, es decir, 3 veces más de lo que costaría mantener a esa persona en la carcel durante 40 años.
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